El gabinete iraquí rechazó enfáticamente las incursiones aéreas sobre su territorio nacional que provocaron decenas de víctimas mortales. La convocatoria del consejo nacional por parte del primer ministro exigió el respeto a la soberanía estatal frente a las agresiones externas.
La ofensiva conjunta apuntó contra bases logísticas de milicias aliadas a Teherán tras los recientes bombardeos con drones en la región. Las acciones de la coalición provocaron severos destrozos materiales en múltiples provincias, complicando las gestiones diplomáticas internacionales que se llevaban a cabo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizará las denuncias correspondientes ante los organismos multilaterales por violación al derecho internacional. Por su parte los funcionarios iraquíes recalcaron que el uso de la fuerza pública corresponde únicamente a las autoridades constitucionales para evitar escaladas violentas.
En paralelo se diagrama un plan preventivo orientado a desarmar a los grupos armados antes del retiro de tropas extranjeras. De esta forma las fuerzas de seguridad buscan consolidar el control gubernamental absoluto en todo el mapa de la nación medioriental.
La crisis pone a prueba la estabilidad política de una región golpeada por profundas disputas geopolíticas. El resguardo de la soberanía continuará siendo el eje central de las demandas que el gobierno presentará ante las Naciones Unidas.
