El índice de precios de marzo, situado en el 3,4%, revela un agotamiento en la velocidad de caída del IPC. Entre la inercia de los servicios regulados, la estacionalidad educativa y el peso de la carne en la canasta básica, el esquema de «ancla recesiva» del Gobierno enfrenta el desafío de perforar un piso que el mercado ya proyecta hacia el segundo semestre.
La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo por parte del INDEC no solo confirmó un registro del 3,4%, sino que cristalizó un fenómeno que los analistas venían observando con cautela: el amesetamiento del proceso desinflacionario. Tras un inicio de año marcado por una corrección agresiva de precios relativos, la dinámica actual sugiere que el programa económico ha alcanzado una fase de resistencia técnica. Para la provincia de Santa Fe, corazón del consumo de proteína cárnica y polo educativo regional, este número desglosa tensiones que van mucho más allá de una simple estadística mensual, afectando directamente el poder adquisitivo real y los costos de servicios esenciales.
El análisis pormenorizado del economista Germán Rollandi permite identificar que el 3,4% es el resultado de una convergencia de factores exógenos y endógenos. En primer término, la presión internacional sobre los combustibles —derivada de la inestabilidad en Medio Oriente— impactó con un alza del 7%, encareciendo la logística en una provincia clave para el transporte de carga. A esto se sumó el factor estacional de Educación, con un salto del 12,1% por el inicio del ciclo lectivo, un rubro con alto peso en las clases medias urbanas de Santa Fe y Rosario.
La mutación del consumo alimentario
Un dato central para la economía regional es el comportamiento de la carne vacuna, que acumula un 20% de aumento en lo que va del año. Este incremento ha forzado un fenómeno de sustitución: el desplazamiento de la demanda hacia el pollo y el cerdo. Esta migración del consumo no solo resiente el mercado ganadero tradicional, sino que termina presionando al alza los precios de las proteínas alternativas, generando un efecto circular que impide una baja más pronunciada en el rubro Alimentos y Bebidas.
Existe un subtexto metodológico que altera la percepción social de la inflación. La actual medición del INDEC se basa en una estructura de consumo de hace dos décadas. Si se implementara la nueva canasta —con mayor ponderación en servicios y conectividad—, el impacto de los aumentos en luz y agua (4,7 puntos de incidencia en servicios regulados) sería significativamente superior. Esta brecha entre la estadística oficial y el «gasto de bolsillo» real es lo que dificulta la construcción de un ancla de expectativas basada en la confianza, obligando al Ejecutivo a depender casi exclusivamente de la recesión y la estabilidad del dólar para contener los precios.
Hacia adelante, el escenario para abril sugiere una leve tregua técnica por la estabilización del crudo y una menor carga de servicios, con proyecciones que oscilan entre el 2,5% y el 3%. Sin embargo, el consenso de los analistas —reflejado en el REM— posterga la ruptura de la barrera del 2% mensual para el último trimestre del año. Para el tejido productivo santafesino, el interrogante no es solo cuándo bajará la inflación, sino cuánto más podrá resistir la actividad económica el rigor de un esquema que, por ahora, encuentra en la caída del consumo su principal herramienta de control.
