Datos de Sedronar revelan que el 26% de los estudiantes secundarios apostó dinero en el último año. Advierten por la parálisis política frente a un problema que desborda a las familias.
En las pantallas que transmiten partidos de fútbol, en las camisetas de los clubes deportivos, en los bonos de bienvenida y en los contenidos de influencers, las casas de apuestas online consolidaron una presencia naturalizada. Esta sobreexposición publicitaria convive con una prohibición legal teórica para menores de 18 años que, en la práctica, resulta obsoleta frente a la facilidad con la que cualquier adolescente convierte su celular en un casino clandestino de bolsillo.
Los datos presentados por la analista María Migliore sobre relevamientos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) exponen una situación crítica: el 26% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año. Dentro de esa población, el 20% operó por internet, inclinándose masivamente hacia juegos de casino (más del 60%), apuestas deportivas (36%) y cartas (26%). Entre los 12 y los 17 años, un 24% ya tuvo contacto con el juego de azar, valiéndose de cuentas alquiladas, perfiles de terceros, intermediarios o plataformas directamente no autorizadas.
Las consecuencias de este ecosistema sin fiscalización efectiva ya impactan en la salud pública y financiera de las familias. Uno de cada ocho adolescentes que apostó arrastra deudas financieras, un indicador que escala en simultáneo con consultas por cuadros de ansiedad y ludopatía infantil. Frente a este panorama, las respuestas oficiales enfocadas en la mera «responsabilidad individual» resultan insuficientes ante una maquinaria publicitaria diseñada para captar a los más vulnerables.
La grieta entre la regulación formal y el descontrol territorial
Uno de los principales ejes de impunidad radica en la expansión del mercado clandestino. Se estima que el 80% de las operaciones de juego online circulan por plataformas informales o radicadas en el exterior, vulnerando cualquier barrera de verificación biométrica o chequeo de identidad ligado a organismos como el Renaper.
A la dispersión regulatoria —dado que cada provincia conserva la potestad regulatoria sobre el juego dentro de su jurisdicción— se le suma la parálisis en la agenda del Poder Legislativo. Pese a que la Cámara de Diputados dio luz verde a un dictamen para prohibir los patrocinios en espectáculos deportivos y limitar de forma tajante las promociones dirigidas a jóvenes, la iniciativa carece de impulso para convertirse en ley. El abordaje del problema contrapone así la inercia política contra la celeridad con la que el negocio privado penetra en la vida cotidiana de las aulas y los hogares.
