Con la derogación de 58 normativas comerciales, el Gobierno profundiza un proceso que ya acumula más de 240 disposiciones eliminadas. La medida no es solo administrativa: implica el desmantelamiento de instrumentos que intervenían directamente en el precio de los alimentos y en el acceso al crédito de los consumidores.
El alcance real de la medida
La Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 no son simples actos administrativos de limpieza normativa: representan la remoción deliberada de instrumentos que durante años operaron como amortiguadores entre la lógica del mercado y el poder adquisitivo de los sectores medios y populares. La eliminación del FETA, que intervenía en la cadena triguera para contener el precio de la harina, y de las cuotas sin interés del programa Ahora 12, suprime herramientas que condicionaban directamente el acceso al consumo.
Los sectores que sienten el impacto
La desaparición de Ahora 12 y Cuota Simple afecta de manera directa a los comercios minoristas y al sector de electrodomésticos, indumentaria y tecnología, rubros que dependían de esos esquemas de financiamiento para sostener sus niveles de venta en un contexto de consumo retraído. Para las familias de ingresos medios, la ausencia de planes accesibles en cuotas implica una barrera concreta al momento de adquirir bienes durables. La eliminación de la obligación de los colegios privados de informar cuotas con anticipación, por su parte, reduce la capacidad de planificación de los hogares frente a uno de sus gastos más significativos.
La lógica detrás del proceso
Desde el oficialismo, el argumento central es la reducción de distorsiones y la generación de seguridad jurídica. Sin embargo, el patrón acumulado de más de 240 derogaciones en menos de tres años revela una estrategia más profunda: el retiro progresivo del Estado como regulador activo de los precios y del acceso al crédito comercial, apostando a que la estabilidad macroeconómica reemplace a los instrumentos de intervención directa.
La desregulación comercial que avanza el Gobierno nacional redefine las reglas de juego para empresas y consumidores. A mediano plazo, su impacto dependerá de si la estabilidad de precios compensa la ausencia de los mecanismos que hasta ahora operaban como red de contención del poder de compra.
