Una profunda ola de repudio social convulsionó el ámbito legislativo tras la presentación de un polémico paquete normativo. Durante las comisiones parlamentarias ordinarias diversos colectivos sociales denunciaron que la iniciativa viola tratados internacionales y promueve abiertas prácticas de eugenesia sobre los sectores desprotegidos.
El texto faculta la intervención de los tribunales para ordenar la anticoncepción definitiva sin contar con la anuencia de las involucradas. En los informes técnicos presentados por los organismos de protección social se alertó sobre la gravísima vulneración de los derechos reproductivos de la población femenina.
Las organizaciones comunitarias catalogaron la medida impulsada por la bancada opositora como un aberrante acto de discriminación estatal. Mientras los legisladores del oficialismo anticipan un rechazo categórico durante el debate en comisión, múltiples referentes exigen sanciones disciplinarias contra el autor del controversial expediente.
La Defensoría del Pueblo instó al Poder Legislativo a frenar de inmediato la tramitación del controversial articulado sancionatorio. Diversos defensores del fuero humanitario recordaron que existen pronunciamientos internacionales vinculantes que prohíben estrictamente las mutilaciones médicas o intervenciones quirúrgicas bajo coerción judicial.
