El descubrimiento de los restos de la menor de 14 años en un predio abandonado del sudeste capitalino clausuró la fase de búsqueda e instaló un escenario de máxima tensión judicial. Con la renuncia del defensor del principal sospechoso y la admisión del padre como querellante exclusivo, la fiscalía apunta a desentramar posibles complicidades.
La confirmación del hallazgo sin vida de Agostina Vega en las inmediaciones de la ex Ruta 9 modificó de forma drástica la estructura de la causa penal que conmociona a la provincia. Tras siete días de rastrillajes ininterrumpidos, las fuerzas de seguridad localizaron el cadáver de la adolescente en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra, en una zona próxima a una casona abandonada en el camino a Villa Posse. Los motivos detrás de este desenlace reactivaron las tareas operativas de la Policía de Córdoba y del fiscal Raúl Garzón, quienes concentran sus esfuerzos en procesar la «mucha y variada prueba» que —según la representación legal de la familia— cerca de manera irreversible al único detenido, Claudio Barrelier.
Las causas de la última aceleración judicial combinan un fuerte quiebre en la estrategia de la defensa con una profunda fractura en el entorno familiar de la víctima. Por un lado, la acumulación de elementos incriminatorios derivó en la renuncia del abogado Jorge Sánchez del Bianco a la representación de Barrelier, argumentando discrepancias técnicas insalvables para sostener una línea defensiva. Por el otro, el fiscal Garzón tomó una determinación medular al aceptar formalmente como querellante a los representantes legales del padre de la menor, Gabriel Vega, excluyendo de ese rol a la madre, Melisa Heredia. Esta resolución coincide con las declaraciones públicas del progenitor en la televisión nacional, donde sembró sospechas sobre el entorno directo y afirmó de manera tajante que el acusado «no actuó solo y cuenta con cómplices».
El impacto institucional de la tragedia motivó el traslado inmediato al territorio del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, comisario general Marcelo Marín, para coordinar los peritajes científicos en el perímetro del hallazgo. Mientras la comunidad barrial asimila la noticia con movilizaciones y muestras de dolor, el panorama familiar exhibe un cuadro de extrema vulnerabilidad médica: tras conocerse el destino final de la adolescente, Heredia sufrió una severa descompensación en su vivienda del barrio General Mosconi, requiriendo su traslado de urgencia en ambulancia hacia un centro de salud. La fiscalía prevé brindar precisiones sobre la mecánica del deceso y las futuras imputaciones en una conferencia de prensa convocada en la Jefatura Central, abriendo un capítulo clave orientado a determinar el nivel de participación de cada implicado.
