11 mayo, 2026
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Un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano ubica a Santa Fe como la tercera provincia con mayor volumen de familias afectadas por problemas de techo. El déficit incluye desde la falta de servicios básicos hasta la imposibilidad de salir del mercado de alquileres.

La problemática del acceso a la vivienda en Santa Fe alcanza niveles críticos, afectando a siete de cada diez grupos familiares en todo el mapa provincial. Según los últimos datos procesados a partir del censo nacional, la jurisdicción integra el podio de los distritos con mayores carencias habitacionales del país, sumando más de 848 mil hogares que conviven con deficiencias de infraestructura, hacinamiento o inseguridad jurídica sobre sus propiedades. Esta radiografía expone un deterioro estructural que, si bien se ubica apenas por debajo del promedio nacional, posiciona a la bota santafesina en una situación de vulnerabilidad social frente a la escalada de los costos inmobiliarios y la escasez de créditos.

El informe detallado por la organización Tejido Urbano revela que la crisis no se limita únicamente a la carencia de una vivienda física, sino que abarca un espectro multicausal. Entre los principales factores de exclusión se destacan la dependencia del alquiler sin horizonte de propiedad, la precariedad de los servicios esenciales y las condiciones edilicias irrecuperables en diversos barrios. A nivel nacional, Santa Fe concentra casi el 8% del total de las familias con dificultades habitacionales de Argentina, siendo superada únicamente por Buenos Aires y Córdoba en términos absolutos. No obstante, en la comparación porcentual, la provincia muestra una leve ventaja respecto a distritos como Tucumán, donde la precariedad es aún más aguda. Los investigadores subrayan que el 73% de los hogares urbanos del país sufre algún tipo de restricción para una vida digna, lo que refleja una problemática sistémica que requiere de políticas públicas innovadoras para revertir el hacinamiento crítico y la falta de tenencia segura.

El desafío para las autoridades locales reside ahora en transformar estos datos censales en planes de urbanización y financiamiento que permitan cerrar una brecha habitacional que no para de ensancharse.

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