Los gobiernos de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero consolidaron un bloque regional en Resistencia con un doble objetivo estratégico. En el plano urgente, acordaron la conformación de un comité hídrico conjunto para mitigar los impactos de un posible «Súper Niño» a fines de 2026. En el plano político, la cumbre sirvió para unificar reclamos de financiamiento ante el Gobierno nacional, exigiendo que las obras de infraestructura de gran escala no queden atadas a la motosierra del centralismo porteño.
La gestión de los Bajos Submeridionales, un inmenso ecosistema de casi nueve millones de hectáreas compartidas por las tres provincias, dejó de ser un plan a largo plazo para convertirse en un tablero de urgencias. Los modelos meteorológicos internacionales anticipan un escenario de precipitaciones extremas para el último trimestre del año, lo que obligó a Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Elías Suárez a firmar un acuerdo marco, respaldado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que pasa de la teoría a la acción preventiva inmediata.
La reconfiguración del plan de infraestructura: El plan original de 2020 apuntaba a estudiar las cuencas para recuperar territorios y sumarlos al sistema productivo. Sin embargo, la amenaza climática alteró las prioridades. El nuevo acuerdo establece la creación de un equipo técnico permanente que coordinará el manejo del agua ante posibles inundaciones. Santa Fe, por ejemplo, ya designó a un triunvirato operativo liderado por el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, en articulación con Vialidad y Desarrollo Productivo, para ejecutar obras de contención y limpieza de canales troncales.
El mensaje político hacia la Casa Rosada: Detrás de la agenda ambiental, la cumbre interprovincial funcionó como un espacio de cohesión política frente al rumbo económico nacional. Durante una cena previa al encuentro formal, los mandatarios analizaron la situación financiera de sus distritos y coincidieron en la insuficiencia de los recursos locales para sostener obras estructurales.
Pullaro fue el encargado de verbalizar el reclamo territorial: advirtió que las provincias pueden afrontar tareas preventivas, pero la infraestructura estratégica requiere inyección de fondos federales. Al reclamar que el «centralismo porteño» dirija su mirada al interior productivo, el gobernador santafesino dejó en claro que la expansión de la frontera agropecuaria en los Bajos Submeridionales es inviable sin el apalancamiento financiero del Estado nacional.
La integración del CFI en la firma del convenio, a través de su titular Ignacio Lamothe, no es casual: ante el repliegue de la obra pública nacional, el organismo federal se posiciona como el instrumento financiero clave para que las provincias logren anticiparse a los desastres climáticos y mantener activa su agenda de desarrollo regional.
