El pedido de informes del titular de la UCR santafesina, Felipe Michlig, contra el Ministerio de Obras Públicas, marca un punto de inflexión en la cohesión de Unidos para Cambiar Santa Fe. Detrás del reclamo por 54 viviendas en San Cristóbal, subyace una discusión profunda sobre la discrecionalidad en el manejo de recursos provinciales ante el retiro de la Nación y el peso de las jerarquías políticas frente a la gestión técnica.
Lo que comenzó como una sesión ordinaria en la Cámara de Senadores de Santa Fe derivó en una exposición inusual de las fisuras internas del frente gobernante. El senador Felipe Michlig, figura central en la arquitectura política que llevó a Maximiliano Pullaro a la Casa Gris, rompió la verticalidad oficialista al cuestionar los criterios de asignación del ministro Lisandro Enrico. El conflicto, centrado en el financiamiento provincial de obras de vivienda abandonadas por el Gobierno Nacional en 2023, trasciende la necesidad habitacional de San Cristóbal: pone en duda la transparencia de los procedimientos administrativos y expone una competencia territorial por recursos escasos en un contexto de restricción fiscal.
El quiebre del criterio técnico: ¿Eficiencia o discrecionalidad?
El eje del reclamo de Michlig se apoya en la vulneración de la «regla del 60%». Originalmente, el Ministerio de Obras Públicas estableció que la Provincia priorizaría terminar aquellos planes de vivienda con un avance superior al 60%. Sin embargo, el senador denunció que el Ejecutivo está activando licitaciones en otras localidades con apenas un 6% u 8% de ejecución, mientras las de su departamento, con un 52%, permanecen paralizadas. Esta asimetría sugiere que el criterio de eficiencia técnica ha sido reemplazado por una lógica de decisión política manual, lo que Michlig definió con dureza como «portación de cara» o «humor del funcionario».
La parálisis de la obra pública nacional en 2023 obligó a las provincias a recalibrar sus presupuestos. En Santa Fe, la decisión del gobernador Pullaro de absorber la terminación de viviendas con fondos propios es un activo político de su gestión, pero también una fuente de fricción interna. La respuesta de la senadora Leticia Di Gregorio —representante de General López, departamento del cual proviene tanto el ministro Enrico como el propio Gobernador— apeló a la estadística per cápita para desmentir la discriminación. Al señalar que San Cristóbal recibe proporcionalmente más viviendas que su región, la disputa pasó de ser una queja administrativa a una confrontación por el peso político relativo de cada departamento dentro de la coalición.
Este episodio afecta directamente la dinámica de la Cámara Alta. Michlig no es solo un senador más; es el presidente de la UCR provincial y coordinador del frente de gobierno. Su decisión de recurrir a un pedido de informes —herramienta generalmente reservada para la oposición— en lugar de la negociación directa en despachos, indica un agotamiento de las vías de diálogo internas. A mediano plazo, esta «animosidad personal» con Enrico, como la calificó Di Gregorio, podría condicionar la velocidad de aprobación de otros proyectos estructurales del Ejecutivo si los senadores territoriales comienzan a supeditar su apoyo a la obtención de respuestas específicas para sus distritos.
La estrategia de Michlig de separar al gobernador Pullaro de la crítica, focalizando el desgaste en la figura de Enrico, intenta preservar la investidura máxima mientras se disputa el control real de la «caja» de obras. Sin embargo, en un gobierno de coalición donde el flujo de fondos está centralizado por la escasez, cualquier crítica al criterio de un ministro es, por elevación, un cuestionamiento a la prioridad política del Ejecutivo. El desafío para Unidos será reconstruir ese «ancla de confianza» entre sus socios territoriales antes de que la puja por el presupuesto de vivienda erosione la imagen de unidad que la gestión pullarista busca proyectar.
