La Cámara Alta acordó otorgar preferencia legislativa al mensaje enviado por el Ejecutivo para reformar el Servicio de Defensa Penal. Diversos analistas del sector parlamentario indicaron que la propuesta fortalece la autonomía de la gestión defensiva y contempla la creación de ocho nuevos cargos titulares.
La iniciativa faculta a la conducción general a constituir equipos especializados para abordar litigios complejos o con conflictos de intereses. Múltiples expertos del área jurídica señalaron que la norma autoriza la asistencia legal a miembros de fuerzas de seguridad imputados por supuesta violencia institucional.
La reestructuración busca equiparar el esquema organizativo de los defensores con la operatividad que mantiene actualmente el Ministerio Público de la Acusación. Varios operadores del plano tribunalicio argumentaron que las Unidades Especiales garantizarán respuestas simétricas ante causas con alta repercusión pública o cargas de trabajo elevadas.
El texto faculta asimismo la reasignación de personal administrativo y funcionarios entre distintas circunscripciones judiciales de la provincia. Múltiples agentes del fuero normativo remarcaron que el articulado respeta plenamente las potestades de la jefatura para definir los programas de acción prioritarios.
La sesión del próximo jueves podría definir el curso de esta reforma institucional clave en el mapa judicial santafesino. Distintos referentes del plano político confían en lograr el consenso necesario para sancionar la ley.
