El Ministerio Público de la Acusación enfrenta severas auditorías internas tras confirmarse que dos fiscales ignoraron denuncias previas. Las advertencias presentadas por familiares exponían la desnutrición, retención de haberes y maltratos a los que eran sometidos los ancianos.
El asilo clandestino operaba en el barrio Nuevo Horizonte alojando a adultos mayores bajo precarias condiciones de salubridad y aislamiento. Las primeras presentaciones judiciales datan de abril, cuando la hija de un residente detalló el despojo sistemático de las jubilaciones y la ausencia médica.
A pesar de recibir pruebas fotográficas, audios e incluso notas desesperadas escritas a mano por los propios internos, el expediente fue desestimado. Las omisiones de los funcionarios permitieron que el calvario se prolongara hasta que una víctima incendió un colchón para ser rescatada.
La investigación sacó a luz la eventual complicidad de trabajadoras sociales pertenecientes a instituciones de salud pública en el desvío de pacientes. Varios organismos de control provincial analizan la cadena de responsabilidades administrativas que facilitó la retención ilegal de documentación personal y tarjetas de cobro.
La titular del geriátrico permanece bajo prisión preventiva mientras la justicia intenta reconstruir el esquema de encubrimiento institucional. Diversos sectores de la comunidad reclaman apartar de inmediato a los funcionarios salpicados para garantizar transparencia durante todo el proceso penal.
