Con 38 casos registrados en los primeros nueve meses de 2026, la provincia de Santa Fe se ubica como la segunda jurisdicción con mayor cantidad de femicidios y encabeza la tasa nacional en relación a su población femenina. La organización MuMaLá reclama la declaración de la emergencia provincial para agilizar recursos presupuestarios, mientras advierte que solo el 12% de las víctimas había logrado denunciar previamente a sus agresores.
El último informe del Observatorio Nacional de MuMaLá expone una dinámica alarmante en el tejido social santafesino. Aunque la provincia de Buenos Aires concentra el mayor número absoluto de casos, Santa Fe alcanza un índice de 1,9 femicidios cada 100.000 mujeres, ubicándose junto a Santiago del Estero y Catamarca en el tope de las tasas de mortalidad por violencia machista en el país. El reciente caso de Roxana Cejas en el hospital Cullen de la capital provincial —cuya familia exige investigar bajo protocolo de femicidio— refleja la volatilidad de los registros y la persistencia de antecedentes de lesiones físicas no contenidas de manera oportuna por las redes asistenciales.
Desde la conducción de la Mesa Federal de MuMaLá, Gabriela Sosa fundamenta el deterioro de los indicadores en una doble dimensión: la contracción de las partidas presupuestarias provinciales y la eliminación o desarticulación de políticas públicas nacionales en materia de prevención. La escasez de campañas masivas de información y la falta de un seguimiento territorial efectivo tras la concesión de medidas cautelares (como botones antipánico o prohibiciones de acercamiento) dejan a las víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad económica y física. Ante este panorama, el bajo porcentaje de denuncias previas (12%) pone de manifiesto que el acceso a la protección estatal resulta inaccesible para la mayoría de las mujeres afectadas.
Para revertir la escalada de violencia, la organización impulsa en la Legislatura provincial el proyecto de la diputada Claudia Balagué para declarar la Emergencia en Violencia de Género. La norma busca otorgar facultades ejecutivas para reasignar partidas presupuestarias de forma ágil y descentralizada, replicando los esquemas de respuesta rápida utilizados en emergencias de seguridad e hídricas. Asimismo, se promueve la reactivación de las Mesas de Prevención Social del Delito y la Violencia en los municipios para articular comisarías, centros de salud y escuelas en una red de contención comunitaria.
