Estudios estadísticos recientes revelan un marcado deterioro en la calidad de la ocupación dentro de la economía nacional. La creciente pérdida del poder adquisitivo impacta con mayor dureza en los ingresos de los sectores asalariados estatales y privados.
El achicamiento en la nómina de compañías operativas conllevó una retracción significativa en la cantidad de puestos bajo convenio colectivo. Esta marcada dinámica de contracción empresarial desplaza masivamente a miles de personas hacia labores informales o cuentapropistas sin cobertura de salud.
La ausencia de consensos colectivos derivó en la fijación de haberes mínimos mediante resoluciones gubernamentales poco favorables a la recuperación salarial. Paralelamente las elevadas tasas de mora en entidades financieras reflejan la fragilidad económica que atraviesan los hogares para cubrir sus necesidades básicas mensuales.
El incremento sustancial en el cobro de fondos de desempleo expone las dificultades que enfrenta la población para reinsertarse formalmente. Por otra parte el congelamiento prolongado de las bonificaciones previsionales afecta de manera directa a la capacidad de consumo de la clase pasiva.
Consolidar un esquema de desarrollo requerirá diseñar políticas públicas orientadas a proteger la estabilidad ocupacional y fomentar empleo registrado. La reestructuración del mercado de trabajo resulta una prioridad indispensable para revertir los elevados niveles de vulnerabilidad social en el país.
