La presentación judicial apunta contra las máximas autoridades que autorizaron la continuidad de los servicios de protección personal permanente. Los abogados de la parte querellante sostienen que la prolongación de estas prerrogativas materiales atenta flagrantemente contra el correcto orden de la administración pública.
La causa quedó radicada ante los tribunales federales de Comodoro Py para determinar la existencia de actos administrativos que respalden las erogaciones corrientes. Los peritos de la fiscalía interviniente solicitaron informes urgentes a la Jefatura de Gabinete respecto a las autorizaciones otorgadas con posterioridad al cese de funciones.
La denuncia penal describe que el exvocero presidencial mantiene asignados efectivos policiales y rodados oficiales por tiempo indefinido alegando supuestas intimidaciones anónimas. Los asesores del juzgado actuante señalaron que dichos amedrentamientos jamás fueron ratificados en sede policial, lo que configuraría un desvío injustificado de recursos comunitarios para el beneficio exclusivo de un ciudadano particular.
La investigación judicial buscará encuadrar el accionar bajo los delitos de peculado y malversación de caudales públicos originados por el empleo anómalo de infraestructura estatal. Los fiscales a cargo de la revisión patrimonial ya contaban con antecedentes sobre presuntos abusos logísticos familiares que involucraban el traslado diario de personal doméstico utilizando los mismos rodados bajo custodia de la fuerza de seguridad nacional.
La parte denunciante solicitó el secuestro inmediato de los registros de kilometraje y las planillas operativas de la Policía Federal. Los empleados de la mesa de entradas ratificaron que el expediente avanzará con la citación formal de los involucrados durante las próximas jornadas.
