La Justicia federal santafesina sancionó a una ciudadana de 51 años tras comprobar que defraudó de forma sostenida al sistema educativo provincial. La imputada logró acceder a múltiples cargos estatales mediante la presentación de documentación universitaria apócrifa durante seis años.
El fallo dictado por el Tribunal Oral Federal determinó una pena de prisión en suspenso sumada a la inhabilitación perpetua para la función pública. La investigación penal demostró el cobro indebido de haberes estatales mediante diplomas fraguados de danzas y el intento fallido de inscribir un título falso de abogacía.
Las maniobras salieron a la luz cuando las auditorías del Ministerio de Educación provincial detectaron inconsistencias formales en los certificados presentados. Los controles administrativos constataron anomalías en sellos, firmas y leyes citadas, confirmando posteriormente con las universidades nacionales que la mujer nunca figuró en los padrones de egresados.
La causa impulsada por la fiscalía federal derivó en un juicio oral donde se rechazaron los pedidos de nulidad presentados por la defensa. El magistrado interviniente impuso reglas de conducta obligatorias que incluyen la realización de tareas comunitarias no remuneradas para compensar el daño provocado a las instituciones provinciales.
La resolución judicial sienta un importante precedente en el control de legajos dentro del ámbito de la administración pública regional. Las autoridades provinciales ratificaron la intensificación preventiva de los mecanismos de validación documental para evitar nuevos engaños que atenten contra las arcas del Estado.
