La vocera gubernamental Virginia Coudannes confirmó la existencia de convocatorias que instaban a ocupar las 346 viviendas del complejo mediante la fuerza y utilizando a menores en el frente de acción. El operativo de seguridad impidió la usurpación y el Ejecutivo provincial ratificó que el cronograma de adjudicación transparente continuará según los plazos previstos.
El gobierno de la provincia de Santa Fe se pronunció oficialmente tras desbaratar un intento de ocupación en el predio de la Villa Suramericana, complejo habitacional compuesto por 346 unidades que albergó a delegaciones deportivas y escolares. En declaraciones periodísticas, la vocera de la gestión provincial, Virginia Coudannes, reveló que la cartera de Justicia y Seguridad actuó de manera preventiva al detectar la circulación de registros de audio en los que se incitaba a ingresar al predio con «mujeres, niños y palos», utilizando a los menores como mecanismo de presión frente al accionar de las fuerzas de seguridad.
La funcionaria sostuvo la hipótesis de que detrás del hecho existe la instigación de «alguna suerte de agrupación» vinculada a estructuras de la vieja política, asegurando que los manifestantes fueron trasladados desde otros puntos de la ciudad para intentar la toma. La intervención de la Policía provincial, coordinada a partir de tareas de inteligencia previa y denuncias de vecinos a través del 911, impidió la intrusión de las viviendas, derivando el procedimiento en actuaciones judiciales, la detención de personas y daños menores en la flota de patrulleros desplegada en el perímetro del barrio.
Desde la administración santafesina ratificaron que el predio se encuentra bajo resguardo y descartaron que la coyuntura obligue a modificar el cronograma institucional de entrega de los inmuebles. De acuerdo con lo manifestado por las autoridades, el reacondicionamiento de las unidades habitacionales mantendrá su curso formal para iniciar las etapas de inscripción, selección de postulantes y posterior sorteo público, enfatizando que no se tolerarán metodologías violentas para alterar la asignación oficial de viviendas sociales.
