La iniciativa impulsada por el Palacio de Hacienda establece la prohibición absoluta de emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro. El nuevo esquema financiero busca consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la tasa inflacionaria de forma permanente.
El texto legislativo elimina la facultad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno, obligando a mantener un estricto equilibrio en las cuentas públicas. Las medidas de contención buscan evitar la expansión indiscriminada de la base monetaria en el mercado local.
Por su parte, el equipo económico sostiene que el orden fiscal resulta indispensable para garantizar la previsibilidad financiera del país. Por su parte los analistas del sector señalan que el fisco deberá sostener el superávit operativo para evitar mayores recortes presupuestarios.
Asimismo, la autonomía de la autoridad monetaria protegerá el valor de la moneda nacional frente a eventuales presiones del gasto estatal. De esta forma los mercados reaccionan ante un marco normativo que restringe el uso de herramientas de asistencia crediticia directa.
El debate parlamentario determinará el rumbo de las variables macroeconómicas clave para la segunda mitad del período presupuestario. Las proyecciones del sector financiero prevén una contracción de la liquidez disponible para acompañar el sendero descendente de los precios.
