La decisión del gobierno de Santa Fe de financiar cinco gasoductos troncales responde a una estrategia de reactivación económica contracíclica. Al defender la eficiencia técnica de sus licitaciones, el gobernador Maximiliano Pullaro busca diferenciarse de la parálisis fiscal de la Casa Rosada y del histórico estigma de la corrupción kirchnerista.
La apertura de sobres para la compra de cañerías del programa Gasoductos para el Desarrollo consolidó un giro discursivo y operativo medular en la provincia de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto licitatorio en Rosario afirmando que su distrito se convertirá en un «ejemplo de obra pública barata y sin corrupción». Los motivos detrás de esta fuerte inversión estatal —que demanda un desembolso inicial de 26 millones de dólares— radican en la necesidad de preparar la matriz energética interna para cuando la economía nacional regrese a una senda de crecimiento. Con este movimiento, la Casa Gris busca ocupar el vacío derivado del retiro del Estado nacional en materia de infraestructura, utilizando los fondos públicos como un resorte para dinamizar el empleo privado en un año recesivo.
Las causas de esta defensa de la obra pública combinan el pragmatismo productivo con una calculada diferenciación política frente a los dos extremos de la grieta argentina. Por un lado, la gestión santafesina sepulta el relato libertario que asocia de forma lineal la infraestructura estatal con retornos ilícitos, demostrando que la inmensa mayoría de sus contratos se adjudican por debajo de los presupuestos oficiales previstos gracias a un estricto control de costos. Por el otro, se distancia de la discrecionalidad del pasado kirchnerista al enfocar los recursos en obras con un repago económico directo: los nuevos tendidos beneficiarán a 44.000 ciudadanos de 35 localidades y optimizarán los costos de casi 80 empresas. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, la llegada del gas natural implicará una reducción del 60% en costos energéticos industriales, devolviendo competitividad al polo fabril agroexportador.
El despliegue de infraestructura funciona, asimismo, como la carta de presentación de Pullaro para posicionar a Santa Fe como el verdadero motor productivo del interior frente al auge de los sectores energético y minero del sur y norte del país. Al blindar el presupuesto de Enerfe y articular el apoyo de las espadas legislativas de la coalición oficialista, el mandatario busca demostrar que la transparencia administrativa puede convivir con un Estado activo que financie el desarrollo logístico. En un contexto donde la parálisis de las transferencias federales ahoga las economías regionales, el gobierno santafesino utiliza su solvencia para apalancar al sector privado, transformando la obra pública eficiente en su principal bandera de autonomía y fortaleza institucional ante la Nación.
