11 mayo, 2026
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El caso de la falsa psicóloga detenida en Santo Tomé expone una preocupante permeabilidad en los controles de los centros de día y geriátricos del área metropolitana de Santa Fe. Más allá del hecho delictivo individual, la investigación del MPA revela cómo la falsificación de instrumentos públicos y la ausencia de auditorías rigurosas permitieron el ejercicio ilegal de la profesión durante cinco años, planteando un debate urgente sobre la responsabilidad civil de las instituciones de salud.

La imputación de María Paz Lattanzi por estafa, usurpación de títulos y ejercicio ilegal del arte de curar ha dejado de ser una crónica policial para transformarse en un caso testigo sobre la crisis de fiscalización en el sistema de salud mental privado de la provincia. Durante un lustro, la acusada desempeñó funciones críticas en instituciones de Santo Tomé y Sauce Viejo —incluyendo centros de día y un geriátrico de alta rotación— habiendo aprobado apenas el 9% de la currícula académica necesaria. El expediente judicial no solo pone el foco en el engaño individual mediante un diploma apócrifo de la UCSF, sino en la fragilidad de los protocolos de contratación de las entidades prestadoras, que no validaron la matrícula ante el Colegio de Psicólogos hasta que una inconsistencia técnica en un código QR forzó la denuncia.

La «especialización» como pantalla

La estrategia de la imputada no fue el azar, sino la ocupación de nichos de alta demanda y baja supervisión técnica presencial: la geriatría y el acompañamiento terapéutico. Al presentarse como especialista en estas áreas, Lattanzi logró insertarse en instituciones que atienden a poblaciones vulnerables (adultos mayores y adolescentes), donde la supervisión de la práctica clínica suele ser menos rigurosa que en los ámbitos hospitalarios públicos. La creación de una marca personal en redes sociales, «FARA-BIENESTAR-SALUD», funcionó como un validador social que sustituyó, a ojos de sus empleadores, la validación institucional.

Este evento se produce en un contexto donde el Colegio de Psicólogos de la Primera Circunscripción ha intensificado la digitalización de sus registros para combatir el intrusismo. No es un fenómeno aislado; en los últimos años, la provincia ha registrado un incremento en denuncias por ejercicio ilegal de diversas profesiones vinculadas a la salud. Lo que distingue este caso es el uso de un «código QR» falso para simular una legalidad tecnológica, una táctica moderna de defraudación que obligó al Colegio a aclarar que tales métodos de verificación son ajenos a los colegiados reales, evidenciando un desfase entre las herramientas de validación gremial y la percepción de seguridad de las empresas contratantes.

Seguridad del paciente y responsabilidad institucional

Las consecuencias de este caso son triples. En primer término, el perjuicio clínico: pacientes en etapas críticas de desarrollo (adolescentes) y declive (adultos mayores) recibieron diagnósticos e historias clínicas sin sustento técnico, lo que podría derivar en demandas por mala praxis contra las instituciones. En segundo lugar, el impacto económico: tres instituciones privadas y particulares abonaron honorarios por servicios inexistentes desde el punto de vista legal. Finalmente, el desafío para el Ministerio de Salud: la noticia obliga a una revisión de las auditorías sobre los centros de día, cuya habilitación técnica depende de la provincia, pero cuya fiscalización del personal parece haber quedado delegada de facto en la buena fe de las empresas.

La resolución judicial sobre la prisión preventiva de Lattanzi será solo el primer paso de un proceso que seguramente derivará en auditorías masivas. El caso deja una lección institucional clara: la confianza en los títulos presentados debe ser reemplazada por una validación digital directa y obligatoria con las entidades de ley. Para el sistema de salud santafesino, la «licenciada» que solo aprobó cuatro materias es el síntoma de una patología mayor: la falta de una red de verificación integrada que proteja el derecho fundamental a una atención profesionalizada y segura.

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