La crisis institucional desatada en el vecino país sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que la Cámara alta desestimara el pedido de postergación presentado por la defensa presidencial. Los legisladores decidieron avanzar sin demoras con el proceso institucional para definir la destitución del mandatario tras el desplome financiero.
El pleno parlamentario ratificó la convocatoria formal a pesar del escrito presentado por los asesores legales que exigía un plazo mayor para preparar los argumentos de defensa. Mientras tanto, las inmediaciones del Congreso nacional permanecen custodiadas en medio de un clima de fuerte tensión social por el masivo congelamiento de fondos bancarios.
La controversia legal radica en la pérdida de los fueros constitucionales, ya que una destitución por juicio político anula la figura del senador vitalicio obtenida por los exmandatarios. Esta medida legislativa busca esclarecer las responsabilidades políticas vinculadas a los beneficios otorgados a la entidad intervenida durante los últimos años de gestión gubernamental.
En paralelo, las autoridades monetarias iniciaron el cronograma gradual de devolución de ahorros para descomprimir el masivo reclamo de los ciudadanos afectados. La normalización de los pagos se realizará por etapas para garantizar la restitución de los depósitos retenidos a millones de usuarios en todo el territorio.
