Con el impulso del oficialismo y el respaldo de bloques aliados, la Cámara Baja aprobó modificaciones en la normativa que regula las zonas periglaciales. El proyecto busca flexibilizar la actividad productiva en áreas cordilleranas.
En una madrugada marcada por la tensión política y el debate ambiental, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa alcanzó 137 votos afirmativos contra 111 rechazos, logrando el quórum necesario mediante una coalición de fuerzas que incluyó a La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR.
La sesión, que se extendió por más de once horas, contó con la supervisión presencial de Karina Milei desde los palcos del recinto. El núcleo de la nueva normativa redefine los criterios de preservación establecidos en 2010, permitiendo una mayor autonomía a las provincias para autorizar emprendimientos económicos en zonas anteriormente restringidas. Mientras que los impulsores del cambio sostienen que se trata de una actualización técnica para «clarificar conceptos» jurídicos, los sectores críticos advierten sobre un posible retroceso en la conservación de las reservas hídricas estratégicas del país. Durante el tratamiento, el oficialismo logró contener los intentos de la oposición por desviar la agenda hacia temas de política exterior o pedidos de informes a ministros.
La aprobación definitiva abre ahora un nuevo escenario para la industria minera y energética en las provincias andinas, mientras las organizaciones ambientales analizan los pasos a seguir ante la nueva configuración legal del territorio.
