A través del Decreto N° 1948/26, la gestión de Maximiliano Pullaro eliminó la intervención obligatoria de la Escribanía de Gobierno en las contrataciones de obras y servicios públicos. La medida establece el uso exclusivo de la firma digital en la plataforma TIMBÓ e integra el programa de papel cero «Territorio 5.0».
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe formalizó un cambio estructural en sus procesos de contratación pública con la publicación del Decreto N° 1948/26, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. La normativa dispone la derogación total del Decreto N° 4875 del año 1955, un instrumento de más de siete décadas que exigía la fiscalización presencial de la Escribanía Mayor de Gobierno o la confección de escrituras públicas para validar los contratos estatales de obras, suministros, provisiones y locaciones de servicios.
A partir de esta actualización, todas las jurisdicciones de la administración centralizada y los organismos descentralizados deberán suscribir los compromisos contractuales de forma estrictamente electrónica mediante firma digital a través del Ecosistema de Gestión Digital «TIMBÓ». El Ejecutivo argumentó que el marco legal vigente —sustentado en la Ley Nacional de Firma Digital N° 25.506, la provincial N° 12.491 y la Ley de Gobernanza de Datos N° 14.256— otorga plena validez jurídica, fecha cierta, inalterabilidad e identidad comprobable a los documentos digitales, superando el esquema notarial tradicional.
La iniciativa se consolida dentro de las directrices del programa provincial «Territorio 5.0», el cual fijó desde el 1° de julio de 2026 la obligatoriedad de la ID Ciudadana y la prohibición de iniciar trámites en formato papel. Bajo el nuevo esquema, el control sobre la personería jurídica de las empresas contratistas y la verificación de sus apoderados quedará bajo la responsabilidad directa de las áreas legales de cada ministerio previo a la firma. Con este paso, la administración santafesina busca acortar los plazos burocráticos en la adjudicación de obra pública, reducir costos operativos y garantizar la trazabilidad de los expedientes.
