La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presentó un reclamo respaldado por más de mil firmas ante la Defensoría del Pueblo. Exigen mesas de negociación colectiva con bancos y mutuales para frenar intereses abusivos, eliminar descuentos automáticos en salarios y proteger el entramado productivo.
La crisis económica y el endeudamiento financiero han impactado de manera crítica en las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Fe. Ante este escenario, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) formalizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo santafesina respaldada por más de mil firmas de ciudadanos y comerciantes golpeados por la caída del consumo. De acuerdo con el diagnóstico presentado por el presidente de la entidad, Mario Galizzi, la ciudad de Santa Fe —identificada como la cuarta urbe más pobre del país— concentra 13 de las 17 quiebras comerciales y empresariales registradas recientemente en el territorio provincial, lo que representa el 76% de los concursos totales.
El reclamo de APYME pone el foco en el fenómeno del sobreendeudamiento que afecta tanto a los hogares como al comercio minorista. Galizzi advirtió que la desregulación de las tasas de interés, seguros y servicios esenciales generó un esquema en el que 7 de cada 10 familias registran pasivos comprometidos, mientras el entramado productivo nacional acumula una pérdida cercana al 9%. A esto se le suman índices de desocupación preocupantes en los grandes centros urbanos de la provincia, alcanzando un 11,5% en el cordón industrial de Rosario, un 10,5% en Villa Constitución y un 9% en el Gran Santa Fe, lo que paraliza la capacidad de recuperación del sector minorista.
Frente a la gravedad del cuadro, la entidad impulsó a través del abogado Néstor Pujato una serie de demandas concretas para que la Defensoría del Pueblo interponga su facultad legislativa e institucional. Entre los puntos principales se destacan la apertura de mesas de diálogo con bancos oficiales, privados y mutuales para revisar tasas de interés abusivas; la suspensión y revocación de los códigos de descuento automático sobre salarios; la implementación de planes de refinanciación colectiva y el asesoramiento legal a familias para afectar la vivienda única al régimen de protección patrimonial frente a la ejecución de deudas.
