La provincia santafesina encabeza los registros nacionales de violencia de género tras un dramático incremento de ataques fatales durante el último mes. El monitoreo de organizaciones sociales reveló que el territorio provincial alcanzó una tasa de 1,9 víctimas cada cien mil mujeres, encendiendo las alarmas comunitarias ante la persistencia de agresiones extremas que ya superan ampliamente las marcas estadísticas relevadas durante todo el ciclo previo.
Frente a este complejo panorama institucional, colectivos feministas y redes territoriales exigen el pronto tratamiento legislativo del proyecto de Emergencia en Violencia de Género. El avance de la norma en la Cámara de Diputados resulta prioritario para evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario en noviembre, garantizando partidas presupuestarias de ejecución directa que permitan agilizar la asistencia en los barrios más vulnerables sin las demoras habituales de los trámites administrativos.
Las agrupaciones señalaron serias falencias en los mecanismos estatales de respuesta preventiva y seguimiento de las denuncias registradas en los centros asistenciales. La falta de recursos económicos y la precarización de los equipos interdisciplinarios dificultan la contención oportuna de las víctimas, muchas de las cuales contaban con medidas cautelares de restricción o dispositivos de alerta que no lograron impedir desenlaces fatales en diversas localidades.
La problemática impacta de manera directa en municipios y comunas del norte, centro y sur del territorio santafesino, donde comedores comunitarios absorben las demandas de contención inmediata. El deterioro de redes territoriales de salud pública y educación dificulta la detección temprana de situaciones de riesgo, sobrecargando a las instituciones de base que operan sin presupuestos claros ni personal suficiente para garantizar la protección de las mujeres.
El reclamo contempla un plan de visibilización pública para presionar a los bloques parlamentarios antes del cierre del período ordinario de sesiones. La sanción del marco normativo es considerada indispensable para priorizar la vida de las personas, reestructurar las políticas de acompañamiento y dotar al Estado provincial de herramientas efectivas para frenar una escalada delictiva que no da tregua.
