El Colegio de Psicólogos de Santa Fe advirtió sobre el incremento del malestar emocional provocado por la inestabilidad económica y las barreras de acceso a los tratamientos, en un escenario atravesado por indicadores críticos de riesgo psicosocial.
La creciente incertidumbre económica, la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo han comenzado a impactar de manera directa en la salud mental de la población, generando un fenómeno que excede la consulta individual y tensiona la capacidad de respuesta del sistema sanitario público. Según los últimos registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2025 Argentina contabilizó 5.209 muertes por suicidio, lo que representó un incremento del 22,6% respecto del año anterior. En la provincia de Santa Fe se registraron 461 casos, alcanzando una tasa de 13,2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, un indicador significativamente superior a la media nacional de 11,8. En este marco, las instituciones profesionales señalan que el deterioro de las condiciones materiales de vida y el debilitamiento de las redes comunitarias inciden de forma determinante en la manifestación de cuadros de ansiedad, angustia y estrés persistente.
A las dificultades socioeconómicas de base se le suma una creciente barrera de acceso a las prestaciones. Una investigación del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, efectuada sobre más de 2.200 personas de todo el país, reveló que solo el 29,15% de los encuestados se encontraba bajo tratamiento psicológico. Entre quienes no asistían a terapia, el 50,05% reconoció percibir la necesidad de recibir ayuda profesional, pero un 43,44% de ellos señaló los obstáculos económicos como el principal impedimento para iniciar o sostener la atención. Esta imposibilidad de solventar honorarios privados o coberturas de medicina prepaga —fenómeno ratificado por la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Victoria Castro— deriva en un volcado masivo de pacientes hacia los efectores públicos, que ya funcionan con altos niveles de saturación y restricciones presupuestarias.
La situación resulta particularmente compleja en las franjas etarias más jóvenes. Tanto el estudio del OPSA como el Segundo Informe Federal de Salud Mental 2026 —coordinado por la Universidad Nacional de Lanús ante el Senado de la Nación— coinciden en identificar que los jóvenes de entre 18 y 29 años presentan los índices más elevados de sintomatología ansiosa, malestar psicológico e indicadores de riesgo suicida, con una mayor vulnerabilidad en sectores de bajos ingresos. El informe federal, que abarcó a 14 provincias que concentran más del 70% de la población del país, alertó sobre un agravamiento de los cuadros a edades más tempranas. Como muestra de esa tendencia, la provincia de Buenos Aires registró un alza del 110% en las internaciones de menores de 18 años por motivos de salud mental entre 2019 y 2025, reflejando una dinámica de desbordes que también presiona sobre los dispositivos territoriales y hospitalarios santafesinos.
Frente a esta coyuntura, especialistas remarcan la urgencia de reestructurar las intervenciones estatales, descentralizando la atención para no reducirla al espacio del consultorio tradicional. Castro instó a consolidar estrategias de prevención y detección temprana en espacios de sociabilización cotidiana como escuelas, clubes de barrio y organizaciones sociales, capacitando a referentes comunitarios y docentes para brindar una primera escucha e identificar señales de alerta. Asimismo, alertó sobre el riesgo de recurrir a prácticas no reguladas o sin matriculación habilitante —como el coaching o las constelaciones familiares— e insistió en que abordar el padecimiento subjetivo exige partidas presupuestarias acordes, condiciones laborales dignas para los profesionales del sector y políticas públicas integrales orientadas a recomponer el tejido social.
