La presidenta del cuerpo legislativo convocó a las comisiones para sancionar la ordenanza de adhesión provincial antes de fin de año. La normativa de control sancionará la prestación de servicios no autorizados en zonas comerciales.
El nuevo marco regulatorio establece severas penalizaciones para quienes presten servicios no autorizados de custodia, lavado o estacionamiento a cambio de dinero. Las sanciones fijadas progresivamente abarcan desde jornadas de trabajo comunitario y prohibición de permanencia hasta veinte días de arresto efectivo, incorporando además agravantes por hechos de violencia o presencia en eventos masivos.
La discusión parlamentaria local será impulsada por las autoridades del cuerpo legislativo para lograr la sanción definitiva antes de fin de año. La titular del Concejo convocará a las mesas de trabajo interdisciplinarias con el objetivo de estructurar los mecanismos operativos que permitan desplegar los controles preventivos en los principales corredores gastronómicos y comerciales.
De manera complementaria, la gestión municipal evalúa alternativas de contención para brindar capacitación e inclusión laboral a los sectores vulnerables dedicados a la actividad. El programa de formación contemplará la complejidad de la realidad social rosarina, diseñando pruebas piloto en los centros distritales para encauzar a los trabajadores hacia el mercado laboral formal.
La articulación entre el esquema punitivo y las herramientas sociales resultará clave para garantizar la efectividad del ordenamiento en la vía pública. El control en territorio requerirá una fuerte presencia institucional coordinada para sostener las restricciones operativas sin descuidar la atención de las personas afectadas por la prohibición.
