The statue of justice Themis or Justitia, the blindfolded goddess of justice against ionic order colonnade, with copy space
Un relevamiento sobre las investigaciones penales contra integrantes del Ministerio Público de la Acusación y el fuero federal de Rosario pone al descubierto una trama de corrupción, encubrimiento y demoras deliberadas. Con diez fiscales provinciales bajo la lupa y magistrados federales procesados, la crisis salpica tanto a la política santafesina como a la transparencia en las designaciones.
La Justicia de Santa Fe atraviesa su crisis institucional más profunda desde la implementación del nuevo sistema procesal. La reciente destitución en la Legislatura provincial de un fiscal de San Jorge —acusado de simular un delito seguro— y la detención del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por desvío de fondos judiciales expusieron un patrón estructural. Con estos episodios, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) suma diez fiscales investigados, imputados o condenados en menos de una década, de los cuales cuatro terminaron en prisión. Las autoridades del organismo admitieron en sus informes oficiales la gravedad del cuadro, caracterizado por causas penales por encubrimiento, retención ilegal de bienes y mecanismos de protección al delito.
El origen de esta debilidad institucional remite directamente a los procesos de selección de funcionarios, donde históricamente prevaleció la cooptación política sobre la idoneidad técnica. El caso más emblemático es el del exfiscal regional Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por cobrar sobornos para proteger la red de juego clandestino encabezada por el empresario Leonardo Peiti. Esta causa no solo salpicó la estructura judicial, sino que involucró la pata política encarnada en el senador provincial Armando Traferri, quien mantiene su banca y su peso político en la Legislatura —el mismo órgano encargado de sancionar a los fiscales— a pesar de estar imputado en la causa.
El deterioro del MPA se extiende a diversas jurisdicciones de la provincia. En la capital santafesina, la fiscal Cristina Ferraro irá a juicio por el presunto encubrimiento agravado de operaciones de cambio ilegal en el marco de la causa Hugo Oldani, mientras que otros funcionarios permanecen bajo auditoría por desestimar denuncias en geriátricos clandestinos. Esta discrecionalidad para archivar expedientes o retrasar investigaciones estratégicas consolidó una lógica donde la persecución penal respondió con frecuencia a criterios de conveniencia y cercanía al poder económico y político.
En paralelo, la crisis alcanzó al fuero federal de Rosario, donde la Cámara de Apelaciones debió ordenar una auditoría sobre 8.000 causas paralizadas en los Juzgados Federales N° 3 y N° 4. El caso del exjuez Marcelo Bailaque, actualmente con prisión preventiva por connivencia con el narcotráfico, ilustra cómo la dilación procesal fue convertida en una mercancía para garantizar impunidad. Con magistrados como Carlos Vera Barros y Gastón Salmain bajo la lupa, el fuero federal evidencia un esquema de parálisis sistemática que dependió históricamente de la falta de controles y de la opacidad del expediente escrito, hoy contrastado por las audiencias públicas del sistema acusatorio.
