Informes elaborados sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ponen de relieve la composición demográfica del endeudamiento familiar y exponen visiones contrapuestas respecto a la causa del fenómeno.
El mapa de la mora crediticia en la provincia de Santa Fe presenta un componente de género estructural. Según datos relevados por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) a partir de registros del BCRA, el 51,76% de la población endeudada y el 51,36% de las personas en mora son mujeres. Organizaciones sociales y referentes territoriales vinculan esta prevalencia al fenómeno de la feminización de la pobreza, caracterizado por la brecha de ingresos, la inserción en empleos precarizados y la responsabilidad asumida sobre la economía doméstica, especialmente en hogares monomarentales que destinan financiamiento a bienes de consumo primario como alimentos, alquileres, salud y servicios básicos.
El análisis de referentes de la investigación social atribuye el avance del sobreendeudamiento a la interacción de tres factores de política económica: la desregulación de las tasas de interés punitorias en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, la contracción de los salarios reales y la desintermediación en el precio de los servicios esenciales. Asimismo, se advierte sobre la proliferación de deudas informales en barrios populares —a menudo contraídas fuera del circuito bancario para cubrir la subsistencia básica— y el crecimiento del crédito mediante plataformas fintech, instrumentos que operan con menores barreras de acceso pero aplican tasas de interés elevadas y variables.
Este diagnóstico contrasta con la posición manifestada por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde la perspectiva oficial, el aumento de la morosidad no obedece a decisiones estatales sino a la reconfiguración del riesgo crediticio y a contratos libremente pactados entre privados. Mientras las organizaciones sociales y legisladores promueven iniciativas orientadas a regulaciones de tasa y programas de alivio de deuda (basados en modelos internacionales de «segunda oportunidad»), la administración central sostiene que el Estado no debe intervenir mediante auxilios o rescates financieros para evitar el riesgo moral, reduciendo la acción pública al fomento de la transparencia crediticia y la educación financiera.
